Nuevo protocolo del Ministerio de Educación porteño para denunciar posibles delitos en escuelas secundarias

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El Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, bajo la dirección de Mercedes Miguel, ha emitido un nuevo protocolo que insta a las autoridades escolares a denunciar posibles delitos cometidos por estudiantes. Este protocolo, enviado a cientos de miles de familias en la comunidad educativa, establece que a partir de los 14 años los adolescentes también pueden ser penalmente responsables ante hechos que constituyan delitos.

Rechazo de los sindicatos docentes

Los sindicatos docentes mayoritarios de la Ciudad han expresado su rechazo a este nuevo protocolo, el cual consideran una política de control y vigilancia hacia las adolescencias y juventudes, en lugar de promover políticas de cuidado y prevención. Desde la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) y la Asociación docente ADEMYS, se ha manifestado que este protocolo puede llevar a la estigmatización y criminalización de los estudiantes.

Respuesta integral del Estado

Los gremios docentes coinciden en que las situaciones de violencia y delito en las escuelas requieren respuestas integrales por parte del Estado. Destacan la importancia de fortalecer las políticas sociales, educativas y comunitarias para prevenir la violencia y garantizar los derechos de las comunidades educativas. Se exige al Ministerio de Educación que garantice equipos, formación y recursos para abordar los conflictos y situaciones de violencia, sin convertir a las escuelas en vías de ingreso al sistema penal.

En medio de la controversia, la comunidad educativa y los sindicatos docentes continúan expresando su preocupación por las implicaciones de este nuevo protocolo en la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Resumen de la noticia

• El Ministerio de Educación porteño emitió un nuevo protocolo que establece la obligación de denunciar hechos que podrían constituir delitos de acción pública.
• La Ley 27801 establece la responsabilidad penal desde los 14 años, lo que significa que adolescentes de esa edad pueden ser penalmente responsables ante delitos.
• El protocolo explica que situaciones como conflictos entre pares o acciones en entornos digitales pueden exceder el ámbito escolar y requerir la intervención de la Justicia.
• Los sindicatos docentes mayoritarios rechazaron el protocolo, argumentando que vulnera los derechos de los alumnos y puede llevar a la estigmatización y criminalización de los jóvenes.
• Exigen respuestas integrales del Estado ante situaciones de violencia y delito en las escuelas, enfocadas en fortalecer políticas sociales, educativas y comunitarias, sin convertir a las escuelas en vías de ingreso al sistema penal.