Expertos se unen para impulsar legislación justa e inclusiva en materia de espacio público

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Encuentro por una reforma legislativa en favor de los derechos humanos en el espacio público

El Instituto Fray Bartolomé de las Casas (IFBC) y el Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU) se unieron para organizar el encuentro Espacio público y derechos humanos. Aportes para una reforma legislativa, con el objetivo de impulsar una legislación más justa e inclusiva en materia de espacio público.

Expulsión y represión en el espacio público

Uno de los temas centrales del encuentro fue la expulsión de las personas en situación de calle y los vendedores ambulantes de los espacios públicos, resultado de la crisis económica, social y política que atraviesa Argentina. El juez Roberto Andrés Gallardo, presidente de COPAJU, destacó que la respuesta del gobierno ha sido la represión en lugar de abordar las condiciones de vulnerabilidad de estos sectores de la población.

Violencia institucional y criminalización

Lucas Ciarniello Ibáñez, secretario académico del IFBC, hizo hincapié en la importancia de reformar las normas que se utilizan para criminalizar a estas personas, considerando que se trata de una forma de violencia institucional. Además, Fernando Vaimbrand, presidente de la Federación de Trabajadores en Espacios Públicos, señaló que los trabajadores de la economía popular sufren discriminación, violencia institucional y robo de su material de trabajo debido a la falta de reconocimiento de sus derechos.

Lucha contra la criminalización y la violencia

En el encuentro también se denunció el uso de la ley de marcas para perseguir a los vendedores ambulantes, así como la necesidad de políticas públicas que reconozcan y protejan el trabajo de estos sectores de la población. Fabián Carrizo, de la Red de Intercambio Técnico de la Economía Popular, destacó la importancia de permitir a estas personas acceder a medios de subsistencia y no criminalizar su actividad.

Registro de violencia contra personas en situación de calle

Por su parte, Jorgelina Di Iorio, de la Asamblea Popular por los Derechos de las Personas en Situación de Calle, habló sobre el Registro Unificado de Violencia contra Personas en Situación de Calle, una herramienta para denunciar y visibilizar la violencia que sufren estas personas. Se registraron al menos 320 casos de violencia en un año, evidenciando la naturalización de la violencia hacia este sector de la población.

Nulidad de detenciones y requisas sin orden judicial

Natalia Ohman, titular del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 17 de la Ciudad de Buenos Aires, declaró la nulidad de más de un centenar de detenciones, requisas y secuestros sin orden judicial sobre personas en situación de vulnerabilidad en la vía pública. Destacó que se están utilizando herramientas del derecho penal para castigar sin juicio, generando una lesión sobre la persona y desvirtuando el fin ético-político del proceso penal.

En resumen, el encuentro fue un espacio clave para abordar la situación de las personas en situación de calle y los vendedores ambulantes en Argentina, y para impulsar una reforma legislativa en favor de los derechos humanos en el espacio público. Se destacó la importancia de combatir la violencia institucional y la criminalización de estas personas, así como de reconocer y proteger su trabajo como parte fundamental de la economía popular.

Resumen de la noticia

1. El Instituto Fray Bartolomé de las Casas (IFBC) y el Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU) se unieron para promover una legislación más justa e inclusiva en relación con el espacio público y para rechazar la criminalización de las personas en situación de calle y los vendedores ambulantes.

2. El juez Roberto Andrés Gallardo, presidente de COPAJU, destacó la importancia de analizar el espacio público en un contexto económico, social y político, y señaló que la crisis actual ha llevado a la expulsión de personas hacia el espacio público, donde enfrentan represión en lugar de contención por parte del gobierno.

3. Lucas Ciarniello Ibáñez, secretario académico del IFBC, habló sobre la necesidad de reformar las normas que se utilizan para criminalizar a las personas que trabajan y viven en las calles, considerando esto como una forma de violencia institucional que debe ser prevenida a través de políticas públicas eficaces.

4. Fernando Vaimbrand, presidente de la Federación de Trabajadores en Espacios Públicos, resaltó que los trabajadores de la economía popular son una parte importante de la sociedad y merecen ser reconocidos como sujetos de derechos. A pesar de enfrentar la criminalización y la discriminación, están dispuestos a colaborar en la creación de políticas que mejoren sus condiciones de trabajo diarias.

5. Jorgelina Di Iorio, de la Asamblea Popular por los Derechos de las Personas en Situación de Calle, destacó la importancia de visibilizar la violencia que sufren las personas en situación de calle y denunció la falta de registro por parte de los Estados. Natalia Ohman, titular del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 17 de la Ciudad de Buenos Aires, declaró la nulidad de detenciones indiscriminadas y requisas sin orden judicial sobre personas vulnerables en la vía pública, advirtiendo sobre el uso inadecuado de las herramientas de coerción procesal.