Ordenan allanamientos y detenciones en la zona de la cordillera por denuncia de corrupción en Servicios Públicos

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Escándalo por corrupción en Servicios Públicos: detenidos y allanamientos en la cordillera
En medio de una denuncia por presuntos actos de corrupción en el área de Servicios Públicos, la Justicia ha ordenado allanamientos y detenciones en la zona de la cordillera. La denuncia, presentada por el actual secretario de Infraestructura, Hernán Tórtola, implica al ex subsecretario de Servicios Públicos, Marcelo Mamoliti, y al ex delegado de la zona Noroeste, Mauro Palma Larreburu.
Investigación por contrataciones irregulares
Según fuentes judiciales, la investigación se centra en supuestas contrataciones direccionadas hacia empresas específicas con las que los ex funcionarios tendrían vínculos de interés. En este contexto, el jueves se llevaron a cabo operativos en diversos puntos de la región.

Detención de Palma Larreburu
A raíz de los allanamientos, Palma Larreburu fue detenido en su domicilio. Se le investiga por presuntas irregularidades en contrataciones realizadas con una empresa vinculada a la obra de la línea de alta tensión Esquel – El Coihue.
Compromiso con la transparencia
Las acciones legales continúan en manos de la Justicia, que deberá determinar la responsabilidad de los ex funcionarios en las maniobras denunciadas. Desde el Gobierno provincial, se ha manifestado un compromiso firme con la transparencia y el esclarecimiento de los hechos.
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Resumen de la noticia
- La Justicia ordenó allanamientos y detenciones en la zona de la cordillera en el marco de una denuncia por corrupción en Servicios Públicos.
- La denuncia fue presentada por el secretario de Infraestructura y menciona a ex funcionarios como Marcelo Mamoliti y Mauro Palma Larreburu.
- La investigación se centra en contrataciones direccionadas hacia empresas con las que los ex funcionarios tendrían vínculos de interés.
- Palma Larreburu fue detenido en su domicilio por presuntas irregularidades en contrataciones relacionadas con una obra de alta tensión.
- Las actuaciones continúan en manos de la Justicia para determinar la responsabilidad de los ex funcionarios, y el Gobierno provincial se compromete con la transparencia en el esclarecimiento de los hechos.
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