Investigación judicial por sextorsión en centros carcelarios de Chubut: Detenidos y allegados vinculados a organización delictiva.

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Desmantelan red de sextorsión en centros carcelarios de la zona

La jueza de garantías Eve Ponce ha ordenado la apertura de una investigación contra ocho personas detenidas en centros carcelarios de la zona y otros 20 familiares o allegados, quienes presuntamente forman parte de una organización delictiva dedicada a la sextorsión. El epicentro de esta trama delictiva fue el Instituto Penitenciario Provincial, ubicado entre Trelew y Puerto Madryn.

Engaño a través de redes sociales

Según el fiscal general Fernando Rivarola, los presuntos estafadores contactaban a sus víctimas mediante falsos perfiles en redes sociales como Facebook y WhatsApp. Haciéndose pasar por jovencitas, enviaban imágenes sugerentes para obtener contenido sexual de los denunciantes, todos hombres, y luego iniciar el chantaje.

La estrategia inicial consistía en simular una situación en la que la supuesta joven era descubierta por sus padres, lo que conducía a una discusión y un accidente doméstico. A partir de allí, exigían dinero para cubrir gastos médicos, y luego aumentaban la presión con amenazas de difundir las imágenes íntimas o iniciar causas penales falsas, utilizando documentación apócrifa de operadores judiciales.

Identificados los cabecillas y las víctimas

Una de las víctimas residente en Comodoro Rivadavia llegó a pagar casi seis millones de pesos durante 14 meses de extorsión. La Fiscalía Especializada en Cibercrimen identificó a Luis Alberto Ojeda, Alejandro Romero Curiqueo y Enzo Romero como los cabecillas de la asociación ilícita. Además, nueve personas resultaron ser víctimas de esta maniobra de sextorsión, incluyendo un adolescente de Rawson representado por su madre.

Red delictiva con alcance nacional

Las víctimas identificadas hasta el momento residen en diversas ciudades de Argentina, como Comodoro Rivadavia, Rawson, Bahía Blanca, Formosa, Colonia Tirolesa (Córdoba), Esquel, Conesa (Río Negro) y la ciudad de Córdoba. La investigación continúa abierta y se prevé que puedan surgir más casos.

Debate sobre competencia judicial

Los defensores de los imputados plantearon que el proceso penal debería tramitarse en otra Oficina Judicial, argumentando que la mayoría de los acusados residen en Trelew. Sin embargo, la jueza Ponce rechazó este planteo, respaldada por el fiscal Rivarola, quien hizo referencia a fallos de la Corte Suprema que establecen que los delitos cometidos a través de Internet no tienen una jurisdicción específica.

La complejidad del caso radica en la gran cantidad de pruebas digitales que deben ser analizadas, desde interacciones en redes sociales hasta registros bancarios y billeteras virtuales. La investigación también implica el peritaje de dispositivos secuestrados.

La investigación continúa y se esperan posibles nuevas imputaciones, mientras los acusados permanecen detenidos a la espera del avance del proceso judicial.

Resumen de la noticia

• La jueza de garantías Eve Ponce ordenó la apertura de investigación contra ocho personas detenidas en centros carcelarios de la zona y otros 20 familiares o allegados, todos presuntos integrantes de una organización delictiva dedicada a la «sextorsión».
• Los estafadores contactaban a las víctimas mediante falsos perfiles en redes sociales, obtenían fotos o videos de contenido sexual y luego extorsionaban a las víctimas simulando situaciones de emergencia y amenazas de difundir las imágenes íntimas.
• Una víctima residente en Comodoro Rivadavia pagó casi seis millones de pesos durante 14 meses de extorsión. Los cabecillas identificados fueron Luis Alberto Ojeda, Alejandro Romero Curiqueo y Enzo Romero, con nueve personas resultando víctimas de la sextorsión.
• Las víctimas identificadas residían en diferentes lugares del país y la investigación involucra el peritaje de dispositivos secuestrados para analizar pruebas digitales como interacciones en redes sociales y registros bancarios.
• Hubo debate sobre la competencia judicial, argumentando los defensores que el proceso penal debería tramitarse en otra Oficina Judicial. Sin embargo, la jueza Ponce respaldada por el fiscal Rivarola rechazaron el planteo citando fallos de la Corte Suprema relacionados con delitos cometidos a través de Internet.