El gobierno contraataca en el ámbito judicial por los pliegos de Lijo y García Mansilla: piden rechazar inconstitucionalidad.

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El gobierno contraataca en el ámbito judicial

En medio de la disputa por los pliegos de Ariel Lijo y García Mansilla en el Senado, el gobierno libertario ha decidido contraatacar en el ámbito judicial. Los representantes jurídicos de la administración han solicitado al juez federal Alejo Ramos Padilla que rechace los pedidos de inconstitucionalidad del decreto que nombró a los jueces de la Corte Suprema en comisión.

Desacuerdo con la competencia del magistrado

El gobierno ha dejado constancia de su desacuerdo con la competencia territorial de la Justicia Federal de La Plata, argumentando que el caso debería ser analizado en el ámbito de la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad de Buenos Aires. Esta postura ha generado un conflicto con el magistrado Alejo Ramos Padilla, quien ha rechazado el planteo.

Argumentos a favor de la constitucionalidad de los nombramientos

La Procuración del Tesoro ha sostenido que la Corte Suprema, al tomar juramento a García Mansilla, ha respaldado la constitucionalidad del decreto que realizó los nombramientos en comisión. De igual manera, se ha argumentado que la decisión de no otorgar una licencia extraordinaria a Ariel Lijo no implica un juicio sobre la validez de su designación.

Semana clave y posibles consecuencias

Se espera que en los próximos días se resuelva la situación de Lijo y García Mansilla en el ámbito judicial, mientras que en el Senado la oposición busca rechazar los pliegos. Un revés para el gobierno complicaría el escenario, especialmente en el caso de García Mansilla, que ya es juez de la Corte. La próxima semana se perfila como crucial en medio de esta disputa entre el Ejecutivo y el Poder Judicial.

Resumen de la noticia

1. El gobierno busca estrategias para enfrentar el intento de la oposición de rechazar los pliegos de Ariel Lijo y García Mansilla en el Senado.
2. Representantes jurídicos de la administración libertaria solicitaron al juez federal Alejo Ramos Padilla rechazar los pedidos de inconstitucionalidad del decreto que nombró a los jueces en comisión.
3. El Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad (CEPIS) y el abogado Fernando Cabaleiro cuestionaron la constitucionalidad de la normativa en la Justicia, lo que llevó al juez a pedir un informe al Poder Ejecutivo.
4. El gobierno presentó un escrito de 46 carillas solicitando al juez que rechace la acción por falta de caso y expresó su desacuerdo con la competencia territorial de la Justicia Federal de La Plata en el caso.
5. La Procuración del Tesoro argumentó que la Corte Suprema le dio pleno respaldo a la constitucionalidad del decreto que designó a los jueces en comisión, lo que invalidaría las acciones judiciales en su contra.