El Gobierno prohíbe centros de estudiantes en cárceles para promover reinserción social.

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El Ministerio de Seguridad, liderado por Patricia Bullrich, ha tomado la decisión de inhabilitar los centros de estudiantes en las cárceles del Servicio Penitenciario Federal. Esta medida, oficializada en la Resolución 372/2025, publicada en el Boletín Oficial, también prohíbe la permanencia de los internos en los centros educativos fuera del horario asignado.

Reinserción social como prioridad

Según lo expuesto en el documento, la finalidad de la pena privativa de la libertad es procurar la reinserción social y reducir la reincidencia. Por lo tanto, la asistencia y permanencia de los internos en los centros educativos durante toda la jornada se considera un obstáculo para cumplir con las tareas obligatorias para lograr la reinserción social.

Normativas incompatibles

Desde el Ministerio de Seguridad se argumenta que el derecho a la educación para las personas privadas de libertad, si bien está reconocido en normativas internacionales y en la legislación nacional, resulta incompatible con el sistema de reinserción social. La creación de centros de estudiantes no está contemplada en la Ley N° 24.660 y va en contra de las reglas establecidas para el tratamiento penitenciario.

Entrada en vigencia inmediata

La resolución, firmada únicamente por la ministra Patricia Bullrich, entró en vigor desde la fecha de su publicación en el Boletín Oficial. Esta medida busca garantizar que el sistema penitenciario cumpla con su objetivo principal de reinsertar socialmente a los internos y reducir la reincidencia delictiva.

Resumen de la noticia

• El Ministerio de Seguridad, bajo la dirección de Patricia Bullrich, ha inhabilitado los centros de estudiantes en las cárceles del Servicio Penitenciario Federal.
• Se ha prohibido la permanencia de los internos en los centros educativos fuera del horario de clases asignado a cada uno.
• La medida busca promover la reinserción social y reducir la reincidencia de los internos.
• El derecho a la educación de las personas privadas de libertad está reconocido, pero la creación de centros de estudiantes no está contemplada en la normativa.
• La resolución, firmada por Patricia Bullrich, entró en vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial.