Designación de jueces por decreto en Corte Suprema de Argentina: una afrenta a la independencia judicial

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En un comunicado conjunto, diversas organizaciones de la sociedad civil expresaron su preocupación por la decisión del presidente Javier Milei de designar por decreto a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla como jueces en comisión en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Según las organizaciones, esta medida constituye un “grave retroceso para la independencia judicial y la calidad institucional”.

Impacto en la independencia judicial y la igualdad de género

El comunicado, respaldado por entidades como el CELS, Amnistía Internacional y de Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino, destaca que la designación de los jueces por decreto sin el acuerdo del Senado representa un avance indebido del presidente sobre el Poder Legislativo y una afectación a la independencia judicial. Además, señalan que esta decisión no garantiza la igualdad de género en el máximo tribunal, lo que afecta seriamente su legitimidad y calidad institucional.

Proceso inconstitucional y carencia de representación femenina

Las organizaciones denuncian que la designación de Lijo y García Mansilla por decreto se aparta del procedimiento establecido por la Constitución, siendo un claro abuso de la facultad del Ejecutivo. Además, resaltan la falta de representación femenina en la Corte Suprema, donde solo tres mujeres han ocupado el cargo de jueza en toda la historia.

Llamado a la búsqueda de consensos políticos

Ante esta situación, las entidades piden respetar el proceso constitucional para la designación de jueces y abogan por la búsqueda de consensos políticos, considerando que es esencial para la legitimidad y seguridad jurídica del país. En ese sentido, advierten que una Corte designada por decreto y un sistema de justicia que desprecie la independencia y la imparcialidad no son dignos de Argentina.

Conclusión y firmantes del comunicado

El comunicado concluye instando a resguardar la división de poderes y la independencia judicial, fundamentales para el sistema republicano de gobierno. Entre las firmas que respaldan el comunicado se encuentran entidades como el CELS, Amnistía Internacional, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Red de Profesoras de Derecho - UBA, entre otros.

Resumen de la noticia

• Organizaciones de la sociedad civil denuncian designación de jueces en la Corte Suprema por decreto como un retroceso para la independencia judicial.
• La designación sin acuerdo del Senado constituye un avance indebido del presidente sobre el Poder Legislativo y una afectación a la igualdad de género en el tribunal.
• Se señala que la designación por decreto se aparta del procedimiento constitucional establecido y constituye un abuso de facultad del Ejecutivo.
• Se destaca la importancia de la división de poderes y la necesidad de consensos políticos para la legitimidad de la Corte Suprema.
• Se resalta la falta de mujeres en la Corte y se critica la designación de jueces ignorando objeciones ciudadanas y el deber de postular mujeres cualificadas.