Eduardo Barcesat critica el nombramiento de magistrados en la Corte Suprema por decreto presidencial.

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El abogado constitucionalista Eduardo Barcesat ha expresado su descontento ante la decisión del Gobierno de nombrar a los magistrados Ariel Lijo y Manuel García Mansilla como jueces de la Corte Suprema a través de un decreto. En una entrevista con Tiempo, Barcesat calificó la acción como inconstitucional y destacó la importancia de respetar los procesos establecidos por la Constitución.

Dilema para la Corte Suprema

Barcesat mencionó que tanto el Presidente de la Corte, Horacio Rosatti, como el ministro Carlos Rosenkrantz se encuentran ante un dilema. Se cuestiona si deben mantener la coherencia con sus principios constitucionales o si permitirán un posible avasallamiento de la división de poderes al aceptar estos nombramientos.

La situación del Presidente

El abogado también hizo referencia a la situación del Presidente, quien enfrenta procesos tanto en Argentina como en el extranjero. Destacó que la pérdida de credibilidad ante el mundo no se verá mitigada por encuentros con líderes internacionales y que los intentos por asegurar la impunidad de los magistrados recién nombrados no prosperarán.

Criticas al Gobierno

Barcesat concluyó señalando que estas acciones solo intensificarán los pedidos de juicio político contra el Presidente, a quien describió como un verdadero autócrata que está dañando la calidad de vida del pueblo argentino y la institucionalidad del país. En medio de críticas y cuestionamientos, la decisión del Gobierno de nombrar jueces de la Corte Suprema continúa generando controversia.

Resumen de la noticia

• Eduardo Barcesat considera la decisión del Gobierno de nombrar a dos jueces de la Corte Suprema como inconstitucional.
• Recuerda el intento previo del gobierno de Macri de nombrar en comisión a Rosatti y Rosenkrantz.
• Barcesat plantea un dilema para el Presidente de la Corte, Horacio Rosatti, entre seguir sus principios constitucionales o ceder al oportunismo institucional.
• Destaca que la situación pone en juego la Constitución Nacional y la violencia institucional de apartarse del texto constitucional.
• Predicta que la acción del Gobierno no prosperará y podría intensificar los pedidos de juicio político contra el presidente debido a su pérdida de credibilidad y supuesto intento de asegurar la impunidad de los magistrados designados.