La Justicia declara inconstitucional el decreto que suspendía la Ley de Financiamiento Universitario
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Revés para la estrategia de asfixia presupuestaria de Milei
La Justicia Federal declaró inconstitucional el decreto que mantenía suspendida la Ley de Financiamiento Universitario, lo que representa un revés para la estrategia de asfixia presupuestaria del gobierno de Javier Milei.
Orden de ejecución inmediata de las partidas
El juez Martín Cormick hizo lugar a los amparos del CIN, la UBA y sindicatos docentes, ordenando al Ejecutivo la ejecución inmediata de las partidas. Esta medida viene tras la insistencia del Congreso con los dos tercios, que había llevado al Gobierno a emitir el Decreto 759/2025 para condicionar la aplicación de la ley a que el Parlamento determinara el origen de los fondos.
Calificación de mecanismo extraconstitucional
El juez Cormick calificó este artilugio como un mecanismo extraconstitucional que viola la obligatoriedad de promulgar las leyes tras la insistencia legislativa. Además, recordó que el Ministerio de Capital Humano venía eludiendo una cautelar previa.
Cuestionamiento al gobierno
El magistrado señaló que el costo de la ley representa el 0,23% del PBI según la Oficina de Presupuesto del Congreso y cuestionó que el Ejecutivo sí reasignó partidas discrecionalmente en otras ocasiones. La Ley 27.795 exige actualizar presupuestos por inflación y recomponer salarios de docentes y no docentes según el IPC.
Resumen de la noticia
- La Justicia Federal declaró inconstitucional el decreto que mantenía suspendida la Ley de Financiamiento Universitario, afectando la estrategia de asfixia presupuestaria del gobierno de Javier Milei.
- El juez Martín Cormick hizo lugar a los amparos del CIN, la UBA y sindicatos docentes, ordenando al Ejecutivo la ejecución inmediata de las partidas.
- El Gobierno emitió el Decreto 759/2025 para condicionar la aplicación de la ley a que el Congreso determinara el origen de los fondos, pero el juez calificó este artilugio como mecanismo extraconstitucional.
- El magistrado destacó que el costo de la ley representa el 0,23% del PBI y cuestionó que el Ejecutivo reasignó partidas discrecionalmente en otras ocasiones.
- La Ley 27.795 exige actualizar presupuestos por inflación y recomponer salarios de docentes y no docentes según el IPC, aspectos que el Ministerio de Capital Humano había eludido anteriormente.
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