Apertura de investigación penal por falsificación de documento en Rawson

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Apertura de investigación por falsificación de documento en Rawson

En una audiencia realizada en la Oficina Judicial de Rawson, la jueza de garantías Karina Breckle autorizó la apertura de una investigación penal por el presunto delito de falsificación de documento contra una mujer que se desempeña como suboficial de la Policía del Chubut.

Acusación por certificado médico apócrifo

La imputada está acusada de haber presentado un certificado médico presuntamente apócrifo, lo que motivó la intervención del Ministerio Público Fiscal. La audiencia tuvo lugar esta semana y contó con la participación de las partes involucradas.

Intervención de autoridades judiciales

El pedido formal de apertura fue realizado por la procuradora fiscal Agostina Torné, en representación de la Fiscalía de Rawson, y la investigación quedará a cargo de la fiscal general Laura Castagno. La defensa de la imputada estuvo a cargo del abogado Claudio Fernández.

Plazo de investigación y objetividad

Durante la audiencia, la jueza Breckle destacó el deber de objetividad del Ministerio Público Fiscal, y valoró tanto las pruebas presentadas hasta el momento como aquellas que podrá aportar la defensa en el transcurso de la investigación. El plazo legal fijado para el desarrollo de esta etapa será de seis meses.

Resumen de la noticia

• La jueza Karina Breckle autorizó la apertura de una investigación penal por falsificación de documento contra una suboficial de la Policía del Chubut.
• La imputada presentó un certificado médico presuntamente apócrifo, lo que llevó a la intervención del Ministerio Público Fiscal y a la realización de una audiencia.
• El pedido de apertura de investigación fue realizado por la procuradora fiscal Agostina Torné en representación de la Fiscalía de Rawson.
• La fiscal general Laura Castagno estará a cargo de la investigación, mientras que la defensa de la imputada estuvo a cargo del abogado Claudio Fernández.
• La jueza Breckle destacó el deber de objetividad del Ministerio Público Fiscal y estableció un plazo de seis meses para el desarrollo de la etapa de investigación.